Las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales que se inspiran en una actitud humana, por medio de la cual el hombre se identifica con las necesidades y aspiraciones de sus semejantes, comprometiendo el aporte de los recursos y esfuerzos para satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera justa y pacífica. Su gobierno y su administración competen exclusivamente a los trabajadores afiliados a ellas.
Los fines primordiales de las asociaciones solidaristas son procurar la justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados.
Podrán constituirse asociaciones solidaristas como organizaciones sociales idóneas para el cumplimiento de los fines señalados en esta ley, en beneficio de los trabajadores de regímenes de empleo tanto público como privado.
Las asociaciones solidaristas son entidades de duración indefinida, con personalidad jurídica propia, que, para lograr sus objetivos, podrán adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de toda índole y realizar toda especie de operaciones lícitas encaminadas al mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, en procura de dignificar y elevar su nivel de vida. En tal sentido podrán efectuar operaciones de ahorro, de crédito y de inversión, así como cualesquiera otras que sean rentables. Asimismo, podrán desarrollar programas de vivienda, científicos, deportivos, artísticos, educativos, y recreativos, culturales, espirituales, sociales, económicos lo mismo que cualquier otro que lícitamente fomente los vínculos de unión y cooperación entre los trabajadores, y entre éstos y sus patronos. Las asociaciones solidaristas podrán realizar las actividades señaladas en este artículo, siempre y cuando no comprometan los fondos necesarios para realizar las devoluciones y pagos de cesantía que establece esta ley.
El derecho de asociación podrá ejercerse libremente por todos los trabajadores que laboren en una empresa, en tanto cumplan con los requisitos señalados en esta ley. Asimismo, los trabajadores podrán formar federaciones y confederaciones de asociaciones solidaristas. El reglamento de esta ley definirá cada uno de estos aspectos e indicará los procedimientos aplicables en cada caso.
El estado procurará el fortalecimiento y desarrollo de las asociaciones solidaristas.
Las asociaciones reguladas por la presente ley deberán garantizar:
A las asociaciones solidaristas, sus órganos de gobierno y administración, así como a sus representantes legales, les está absolutamente prohibido:
Para todos los efectos legales, se presume que las asociaciones establecidas conforme a la presente ley no generan utilidades, salvo aquellos rendimientos provenientes de inversiones y operaciones puramente mercantiles. Los excedentes habidos en el ejercicio fiscal pertenecen a los asociados y el monto que corresponda a cada uno estará de acuerdo con el aporte patronal y con su propio ahorro. La participación de cada asociado en los excedentes se sumará a sus demás ingresos para determinar la base de la declaración de la renta del asociado.
Las asociaciones solidaristas estarán obligadas a entregar a cada asociado, en los quince días siguientes al cierre del ejercicio fiscal, el informe del monto de los excedentes de cada uno, a fin de que el interesado tenga un dato exacto para la correspondiente declaración de la renta.
La asociación debe dar toda la información sobre los excedentes de sus asociados a la Dirección General de la Tributación Directa, cuando ésta se la solicite.
Toda asociación solidarista al constituirse deberá adoptar un ordenamiento básico que regirá sus actividades, denominado estatutos y que deberá ser aprobado en la asamblea constitutiva. Para que una asociación solidarista ejerza lícitamente sus actividades, los estatutos deberán ser aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e inscritos en el Registro de Asociaciones Solidaristas que el efecto llevará ese ministerio. Este además ejercerá la vigilancia y control estatutario y legal de las actividades que realicen todas las asociaciones creadas al amparo de esta ley. La personalidad jurídica de la asociación, así como la de sus representantes, se adquirirá con la inscripción de la entidad.
Toda asociación solidarista deberá constituirse por no menos de doce trabajadores mayores de edad, ya sea otorgando escritura pública o mediante acta de la asamblea constitutiva transcrita en papel de oficio. En ambos casos el documento deberá contener los estatutos aprobados, el nombramiento de los directores y el nombre de quienes integren el órgano de la fiscalía.
El nombre de la asociación será propiedad exclusiva de la misma y nadie podrá hacer uso de él. Quien lo hiciere queda sujeto a las sanciones contenidas en el código penal. Toda asociación constituida al amparo de esta ley deberá identificarse incluyendo en su nombre el concepto "asociación solidarista".
Los estatutos de la asociación solidarista deberán expresar:
Podrán ser afiliados a las asociaciones solidaristas, de acuerdo con el artículo 5º de esta Ley, los trabajadores mayores de dieciséis años. No obstante, para ocupar cualquier cargo de elección será requisito indispensable ser mayor de edad.
En todo caso, la junta directiva de cada asociación deberá integrarse únicamente con trabajadores, incluidos aquellos que posean acciones o que tengan alguna participación en la propiedad de la empresa. No podrán ocupar cargo alguno en la Junta Directiva los que ostenten la condición de representantes patronales, entendidos éstos como directores, gerentes, auditores, administradores o apoderados de la empresa.
El patrono podrá designar un representante con derecho a voz pero sin voto, que podrá asistir a las asambleas generales y a las sesiones de la Junta Directiva, salvo que éstas por simple mayoría, manifiesten lo contrario. (Este artículo debe considerarse con base en la ley 7739 del "Código de la Niñez y de la Adolescencia" del 6 de febrero de 1998, en su artículo 18.)
Se consideran asociados los que suscriban la escritura constitutiva y los que sean admitidos posteriormente de acuerdo con los estatutos. Sus nombres deberán figurar en un libro de registro de miembros que llevará el nombre de la asociación.
Los asientos se numerarán en orden corrido y deberán ser firmados por el secretario. En el libro deberá consignarse la razón de la desafiliación cuando ésta ocurra, de acuerdo con lo que dispongan los estatutos. Ninguna persona podrá ser compulsada a formar parte de asociación alguna, y los miembros de cada una de ellas podrán desafiliarse cuando lo deseen. En este caso, los interesados deberán solicitar su desafiliación por escrito a la junta directiva, la cual la acordará sin más trámite, siempre que el solicitante esté al día en sus obligaciones de carácter económico con la asociación.
Mientras no se haya inscrito la asociación, las resoluciones y pactos no producirán efecto legal alguno en perjuicio de terceros. Ante ellos, los asociados responderán personalmente por las obligaciones que en estas circunstancias se contraigan en nombre de la asociación.
Perderá sus derechos en la asociación el afiliado que se separe de ella, con excepción de:
Las asociaciones solidaristas contarán con los siguientes recursos económicos:
Las asociaciones solidaristas necesariamente establecerán un fondo de reserva para cubrir el pago del auxilio de cesantía y la devolución de ahorros de sus asociados. La asamblea general fijará la cuantía de la reserva.
Los ahorros personales podrán ser utilizados por la asociación solidarista para el desarrollo de sus fines, pero deberán ser devueltos a los asociados en caso de renuncia o retiro de la misma por cualquier causa. En estos casos la asociación podrá deducir de dichos ahorros los saldos y obligaciones que el asociado esté en deberle.
Las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y cumplimento de los fines de la asociación. Y se destinarán prioritariamente a constituir un fondo para el pago del auxilio de cesantía. Este fondo se dispondrá de la siguiente manera:
Para los efectos legales correspondientes, los aportes o cuotas definitivas de cesantía serán considerados como gastos.
Las asociaciones solidaristas deberán invertir en programas de vivienda y en actividades reproductivas, y podrán usar hasta un diez por ciento de su disponibilidad en educación de los socios o de sus familiares. En todo caso deberán mantener las reservas necesarias para cancelar la parte correspondiente cuando se produzcan cesantías. Si la inversión reproductora consistiere en el traslado de esos fondos a las actividades de la propia empresa en que funciona la asociación, esa inversión, además de que deberá quedar adecuadamente garantizada, no podrá realizarse a tasas de interés menores a las del mercado financiero bancario.
Perderá automáticamente su calidad de asociado, el que deje de pagar seis cuotas o que desautorice al patrono para que deduzca su ahorro del salario y no lo pague personalmente, circunstancia que le será notificada por escrito al interesado. Esta resolución tendrá recurso de revocatoria y de apelación dentro del tercer día ante los organismos respectivos.
El patrimonio de las asociaciones solidaristas, el ahorro de los asociados y las cuotas patronales en ningún caso podrán ser absorbidos por entidades públicas o privadas, total o parcialmente.
La asamblea general legalmente convocada es el órgano supremo de la asociación y expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia. A ella corresponde las facultades que la presente ley o sus estatutos no atribuyan a otro órgano de la asociación. Las atribuciones que la presente ley confiere a la asamblea general son intransferibles y de su exclusiva competencia.
Son asambleas ordinarias las que se realicen para conocer de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 29. Estas asambleas conocerán de los asuntos incluidos en el orden del día, entre los que podrán estar los siguientes:
Necesariamente se celebrará por lo menos una asamblea general ordinaria anual, que se efectuará dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio administrativo de la asociación bajo pena de que incurran en administración fraudulenta quienes tuvieren a su cargo la responsabilidad de convocarla y no lo hicieren.
Son asambleas extraordinarias la que realicen para:
Con excepción de lo dispuesto en el artículo 28, tanto las asambleas ordinarias como las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo.
El número de asociados que represente por lo menos a una cuarta parte del total de los afiliados, podrá pedir por escrito a la junta directiva, en cualquier tiempo, la convocatoria a una asamblea ordinaria o extraordinaria para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. La junta directiva deberá efectuar la convocatoria dentro de los quince días siguientes a aquél en que hayan recibido la solicitud, bajo pena de incurrir en la responsabilidad penal que dispone el artículo 28. En caso de omisión, la sociedad se formulará ante el juez civil competente, siguiendo los trámites establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria.
Las asambleas generales deberán ser convocadas en la forma y por el funcionario u órgano que indiquen los estatutos y, a falta de disposición expresa, por el presidente de la junta directiva, por cualquier medio probatorio de la convocatoria, siempre que en ésta se haga del conocimiento de los asociados el orden del día. Se prescindirá de la convocatoria cuando, estando reunida la totalidad de los asociados, éstos acuerden celebrar asamblea general y expresamente dispongan obviar este trámite, lo que se hará constar en el acta que habrán de formar todos.
La convocatoria a Asamblea General se hará con ocho días naturales de anticipación a la fecha señalada para su celebración salvo lo dispuesto en el artículo 32. Durante este tiempo, los libros, documentos e información relacionados con los fines de la asamblea estarán a disposición de los afiliados en las oficinas de la asociación.
Para la primera convocatoria las Asambleas Ordinarias quedarán legalmente constituidas con más de la mitad del total de los asociados. Sus resoluciones, tanto en primera como en segunda convocatoria, deberán tomarse por más de la mitad de los miembros presentes.
Las Asambleas Extraordinarias quedarán legalmente constituidas con las tres cuartas partes del total de los asociados, y sus resoluciones, tanto en primera como en segunda convocatoria, deberán tomarse por más de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Si a la asamblea general ordinaria o extraordinaria no concurriera el quórum que se establece en esta ley, podrá convocarse por segunda vez, mediando entre ambas un lapso de por lo menos una hora, y la asamblea quedará legalmente constituida con cualquier número de asociados presentes. En una misma asamblea se podrán tratar asuntos de carácter ordinario y extraordinario, si la convocatoria así lo expresare, siempre que cada acuerdo se tome por el número de votos señalado en esta ley y con el quórum exigido en la misma.
Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias serán presididas por el presidente de la Junta Directiva; en ausencia de éste por el vicepresidente, y, en su defecto, por quien designen los asociados presentes. Actuará de secretario de la asamblea general el de la junta directiva y, en su ausencia, los asociados presentes elegirán un secretario ad hoc.
El secretario de la asamblea levantará una lista de los asociados presentes que será firmada por éstos. Las actas de las asambleas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario. En ellas deberán indicarse claramente si los acuerdos fueros tomados por unanimidad de votos o por mayoría relativa. En caso de que algún asociado haya votado en contra de una resolución aprobada por la asamblea, podrá pedir que esa circunstancia se haga constar en el acta.
En la toma de decisiones cada asociado tendrá derecho a voz y a voto en forma personal. Ninguno podrá hacerse representar por otra persona, asociada o no, en las asambleas generales.
Las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de asociados serán obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo los derechos de oposición que señala el artículo siguiente.
Será absolutamente nulo todo acuerdo que se adopte con infracción de lo dispuesto en la presente ley o sus estatutos. La acción de nulidad podrá incoarla cualquier número de asociados dentro del mes siguiente, contado a partir de la fecha en que se adoptó el acuerdo.
La asociación será dirigida y administrada por una junta directiva compuesta al menos por cinco miembros. Sin perjuicio de que puedan usarse otras denominaciones para los cargos, la junta directiva estará integrada por: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal, quienes fungirán en sus cargos durante el plazo que se fije en los estatutos, el cual no podrá exceder de dos años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. Sus nombramientos, deberán efectuarse en asamblea general ordinaria. En caso de ausencia definitiva del presidente, el vicepresidente asumirá en propiedad ese cargo, salvo que la asamblea acuerde lo contrario. En caso de ausencias definitivas de los demás directores, los miembros ausentes serán suplidos por otros de la misma junta directiva, mientras se convoca a asamblea general para que se ratifique ese nombramiento o, en su caso, para que nombre en propiedad al sustituto. En caso de ausencia temporal de un director, la junta directiva podrá designar a su sustituto por el tiempo que corresponda.
La representación judicial y extrajudicial de la asociación corresponderá al presidente de la junta directiva, así como a los demás directores que se señalen en los estatutos, quienes tendrán las facultades que se establezcan en los mismos. En caso de omisión sobre el particular, el presidente ostentará las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.
En el ejercicio de sus cargos, los directores responderán personalmente ante la asamblea general y ante terceros por sus actuaciones a nombre de la asociación, salvo que hayan estado ausentes o hayan hecho constar su disconformidad en el momento mismo de tomarse la resolución. Sus cargos son revocables en cualquier momento.
El cargo de director es personal y no podrá desempeñarse por medio de representante.
La junta directiva sesionará legalmente cuando se encuentre por lo menos la mitad más uno de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, quien actúe de presidente decidirá con su doble voto. La convocatoria deberá ser hecha por el presidente o al menos por tres miembros de la junta directiva.
Los estatutos regularán la forma de convocatoria de la junta directiva, la frecuencia de las reuniones-que por lo menos será de una vez al mes y los demás detalles que se estimen pertinentes sobre su funcionamiento.
Los directores ejercerán sus funciones a partir de su elección y hasta por un período para cual fueron elegidos, excepto que la asamblea general les revoque sus nombramientos.
Es atribución de la junta directiva emitir los reglamentos de la asociación.
Las resoluciones de la junta directiva que afecten específicamente a un asociado tendrán recurso de revocatoria ante la misma junta directiva, dentro del tercer día, la que resolverá en definitiva en su próxima sesión, a partir de la presentación del recurso. La junta directiva deberá atender con toda amplitud los alegatos que en forma verbal o escrita tenga a bien hacer el afectado.
La vigilancia de la asociación estará a cargo de uno a varios fiscales, asociados o no, quienes durarán en sus cargos por el plazo que se fije en los estatutos. Estos miembros podrán ser reelegidos por períodos consecutivos no mayores de dos años. Sus nombramientos son revocables.
Las facultades y obligaciones de los fiscales son las que establece el artículo 197 del Código de Comercio, en lo que sea aplicable a las asociaciones solidaristas.
Los fiscales serán responsables individualmente por el cumplimiento de sus funciones.
Los cargos de director y del fiscal no podrán ser remunerados.
Para ser elegido director se requiere cumplir con los requisitos que establece el artículo 14 de esta ley.
Las asociaciones solidaristas se disolverán:
Disuelta la asociación, entrará en liquidación, para cuyos efectos conservará su personalidad jurídica.
Los directores serán solidariamente responsables de las operaciones que se efectúan con posterioridad al acuerdo de disolución, si éste no se basa en causa legal o pactada.
La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, nombrados por el juez civil del domicilio de la asociación, de acuerdo con lo que dispongan los estatutos. Los liquidadores asumirán los cargos de administradores y representantes legales de la asociación en liquidación, con las facultades que se les asignen en el acuerdo de nombramiento. Estos personeros responderán por los actos que ejecuten si se excedieren de los límites de sus cargos.
El acuerdo de disolución y nombramiento del liquidador o liquidadores deberá publicarse en el Diario Oficial por dos veces, y en él se citará a interesados y acreedores a hacer valer sus derechos.
Los directores deberán entregar al liquidador o liquidadores, mediante inventario, todos los bienes, libros y documentos de la asociación, y serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios que causen en caso de omisión.
Una vez satisfechos los gastos legales que demande la liquidación cobrados los créditos y satisfechas todas las obligaciones de la asociación, el remanente se distribuirá en proporción al ahorro de cada asociado.
Para los efectos de esta ley y para el reconocimiento y pago de las obligaciones, éstas se califican en el siguiente orden excluyente:
El remanente por distribución entre los asociados se regirá por las siguientes reglas:
Preparado el proyecto de liquidación, el o los liquidadores convocarán a una junta de asociados. Si éstos estimaren afectados sus derechos, gozarán de un plazo de quince días naturales, a partir de la celebración de la junta, para pedir modificaciones. Si dentro del plazo indicado se presentare oposición al proyecto, el o los liquidadores convocarán a una nueva junta en un plazo de ocho días, a fin de que los asociados aprueben las observaciones y modificaciones propuestas. Si no existiere consenso entre los asociados, el o los liquidadores adjudicarán en común respecto de los bienes en los que hubiere disconformidad, a fin de que los bienes en los que hubiere disconformidad, a fin de que los adjudicatarios se rijan por las reglas de la propiedad. Si los asociados no se opusieren al proyecto, el o los liquidadores harán la respectiva adjudicación y otorgarán los documentos que procedan. Artículo 66: El o los liquidadores, en conjunto, devengarán honorarios equivalentes al cinco por ciento del producto neto de los bienes liquidados.
Al término de su nombramiento, el o los liquidadores deberán rendir cuentas detalladas de sus actuaciones ante la autoridad que les haya nombrado.
Se establece el Registro Público de Asociaciones Solidaristas, que formará parte del Registro de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que se hará constar la inscripción de todas y cada una de las entidades de esta clase que se establezcan en el país.
Para la correspondiente inscripción en el Registro de cualquier asociación solidarista, es indispensable presentar el acta de constitución, con una copia debidamente firmada por el presidente y por el secretario de la junta directiva fundadora, con las firmas autenticadas por un notario público o gratuitamente, por un inspector de Ministerio de Trabajo o por la autoridad política del lugar.
Recibido el documento con su copia por parte del Ministerio, el Registrador deberá prevenir al interesado sobre la corrección de los defectos de fondo de que adolezca el acta u otra documentación aportada. Los defectos de forma deberán ser corregidos de oficio por el Registrador.
Corregidos los defectos, el Registrador ordenará inscribir la asociación en un término no mayor de cinco días hábiles.
Para efectos registrales, corresponde al Registro determinar y calificar cuáles asociaciones cumplen con los postulados de esta ley.
La reforma de los estatutos, el nombramiento de directores y su revocatoria, seguirán los mismos trámites anteriores, mediante la presentación de los respectivos artículos del acta de la asamblea correspondiente.
Se declaran inembargables los ahorros acumulados por los asociados y el aporte patronal a que se refiere esta ley.
Esta ley deroga cualquier otra disposición que la contradiga.
Rige a partir de su publicación.
En aquellas asociaciones solidaristas en que los afiliados están recibiendo beneficios superiores a los previstos en esta ley de sus respectivas empresas, continuarán recibiéndolos sin que estas disposiciones lesionen sus derechos adquiridos. En aquellas empresas cuyos trabajadores estén recibiendo beneficios superiores a los que hace referencia el párrafo anterior, los continuarán recibiendo sin que los miembros sean lesionados en ningún sentido.
Las asociaciones solidaristas legalizadas a la promulgación de esta ley, o en trámite de inscripción, tendrán un plazo máximo de seis meses, a partir de esa fecha, para presentar la solicitud de reinscripción de los estatutos en el Registro de Asociaciones Solidaristas, conforme a este texto legal.